Cada septiembre, las logias de la Orden Caballero de la Luz tienen la obligación de anunciar sus candidaturas al pleno, en cumplimiento de lo que establecen nuestras normas institucionales. En octubre, dentro de la primera quincena, se celebran las elecciones internas. Este mecanismo, en apariencia administrativo, suele despertar suspicacias: ¿es un gesto de previsión y continuidad o una forma de imponer un criterio vertical antes de que la voluntad fraterna se exprese en las urnas?

Algunos hermanos perciben la obligación de anunciar candidaturas como un recorte a su libertad, un encuadramiento previo que resta frescura y espontaneidad al acto democrático. En ese malestar subyace una sospecha: que el anuncio temprano sea utilizado por el ejecutivo en funciones como mecanismo de presión o de condicionamiento hacia una candidatura oficialista.

Este argumento no carece de fuerza crítica: toda norma que regule la vida democrática corre el riesgo de ser leída como limitación, más aún si la historia política y social de nuestras naciones nos recuerda que el verticalismo suele disfrazarse de orden.

Sin embargo, también debe reconocerse que la función del ejecutivo no es menor. Una logia sin esquema de continuidad puede verse paralizada en su funcionamiento orgánico: sin responsables claros de su administración, de su acción ritual, de su vida económica y cultural. En este sentido, la exigencia de anunciar candidaturas no busca condicionar el voto, sino asegurar que, aun en medio de la pluralidad de opciones, exista siempre una propuesta mínima de continuidad que evite el vacío de poder.

La democracia no es un acto improvisado de último momento: es un proceso que requiere previsión, calendario y reglas claras. En ese sentido, el anuncio de septiembre no elimina la pluralidad; al contrario, abre un tiempo razonable de discusión, de contraste de ideas y de deliberación fraterna. Quien quiera presentar una opción alternativa conserva plenamente su derecho. Lo que no puede ocurrir es que la logia llegue a octubre sin opciones mínimamente organizadas.

El desafío, por tanto, no es eliminar la norma, sino evitar que se convierta en un ritual vacío o en un instrumento de poder mal entendido. El verdadero peligro no está en el calendario, sino en el uso que hagamos de él. De poco serviría anunciar candidaturas si éstas se conciben como designaciones inapelables, cuando en realidad deben ser el punto de partida de un debate fraterno y plural.

Aceptar esta norma como parte de nuestra vida orgánica implica madurez institucional: entender que la democracia no se defiende con gestos individuales de rebeldía, sino con reglas colectivas que aseguren transparencia, igualdad y continuidad.